Entre los puntos que propone la iniciativa se encuentra una nueva tipificación de delito de lavado; la eliminación de la UIF y en su lugar la creación de una agencia de investigación financiera autónoma "desde lo económico, desde lo administrativo, como desde lo político".
La CC buscó ganar la delantera con esta iniciativa, que -de acuerdo con lo admitido por la misma Carrió- no fue conversada con el resto de la oposición y con ninguno de sus socios políticos del Acuerdo Cívico y Social.
La chaqueña le adjudicó al receso invernal la falta de contacto para hablar sobre esta norma.
La propuesta incluye un control parlamentario del nuevo organismo y amplía el número de sujetos obligados, "es decir, quienes deben brindar información del origen de sus finanzas, como por ejemplo los Partidos políticos, fundaciones, personas que se dedican a la compra venta de deportistas profesionales, loterías y organismos de control del juego".
Carrió recordó que, años atrás cuando presentó un proyecto similar, "hubo resistencia a la ley por parte de la clase política" y acusó al Senado de la época de la Alianza de haber "licuado la ley" y, si bien, negó -ante una consulta- de que los ánimos hayan cambiado en ese sentido, aseveró que "nadie va a querer votar en contra" de una reforma que viene siendo reclamada desde el exterior.
Consideró que el gobierno nacional está interesado en hacer una reforma la misma ley porque, ante la falta de resultados, existe la posibilidad de que el GAFI, organismo internacional encargado de seguir los temas de lavado, "emita una nota negativa" sobre el combate a ese tipo de delitos en el país.
Al respecto, reseñó que, desde que existe la normativa, "no hubo un solo condenado" por ese tipo de delito. Por eso "Estamos presentando una iniciativa que modifica una ley que en diez años de vigencia sólo ha obtenido dos condenas, mientras la bolsa de dinero de Miceli; la mafia de los medicamentos y el caso Skanska siguen impunes", indicaron los legisladores.
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