El Gobierno ordenó restringir la distribución de gas a grandes empresas para mantener abastecidos a los hogares en un contexto de caída en la producción local del fluído y aumento de la demanda por bajas temperaturas que se produjeron esta última semana.
Las restricciones casi totales que a nivel nacional alcanzan a unos 300 grandes clientes industriales se aplicarán, en principio, hasta el sábado.
Ese grupo está compuesto entre otras por las las centrales térmicas Costanera, Puerto y Dock Sud que tuvieron que pasar a generar con fuel oil y gasoil. Y por el lado de las industrias, las restricciones afectaron a unos 130 grandes usuarios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y a otros 170 que están radicados en el interior del país.
Frente a una demanda real que en el período invernal supera los 150 millones de metros diarios (MM3), actualmente el sistema gasífero sólo está en condiciones de operar una oferta promedio ronda los 115 millones de metros cúbicos (m3) diarios, aunque varía según los días. De ese total, 45 millones corresponden a la industria, mientras que el resto se destina a hogares y otros consumos.
Por la merma en la capacidad local de producción, el Gobierno acudió una vez más a los países limítrofes que consiste en la importación de combustibles líquidos alternativos (fuel oil y gasoil) para las centrales de generación térmica. A los precios actuales, esas compras –que mayoritariamente se siguen canalizando en forma directa con Venezuela– implicarán un desembolso estatal de US$ 800 millones.
A eso se agregan las importaciones de gas natural de Bolivia y del GNL que llega por barco al puerto de Bahía Blanca. En estos dos casos, la factura que deberá afrontar el Estado no bajará de US$ 1.100 millones.
En caso de la electricidad, el Gobierno compró a Brasil 1.000 megawatts (Mw) y otros 300 Mw a Uruguay. Si bien el precio es variable, ronda entre los u$s 180 el Mw, seis veces más que los u$s 30 que se le paga a las eléctricas locales.
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