El Relator Especial sobre una vivienda adecuada, Miloon Kothari y el experto independiente sobre cuestiones de las minorías, Gay McDougall, afirmaron en un comunicado que deben realizarse consultas con los residentes actuales, antes de proceder a la destrucción de los edificios.
Aunque las autoridades insten en que la demolición no es intencionalmente discriminatoria, la falta de consultas con los afectados y el efecto desproporcionado sobre los pobres, predominantemente afro norteamericanos, constituiría una violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos, subrayaron.
Los expertos subrayaron que el actual costo desmesurado de las viviendas privadas y sus alquileres, y la demolición de las viviendas públicas, aumentarán la pobreza y dejaran sin hogar a miles de afro norteamericanos.
“Tenemos entendido que solamente una pequeña porción de las nuevas viviendas serán destinadas a residentes que necesitan subsidiosy las restantes serán ofrecidas a precio de mercado. Esas demoliciones, impedirán a miles de afro norteamericanos regresar a las casas de las que fueron desplazados por el huracán. De hecho, serán un desahucio para los que quieran regresar”, subrayó el comunicado.
Según los expertos, las demoliciones comenzaron el 18 de febrero.
En la actualidad, se estiman en más de 12.000 las personas sin hogar en el centro urbano de Nueva Orleáns.
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