La acusación del juez Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) sobre la supuesta presión de parte de Lula surgió en momentos que esa corte se prepara para llevar a juicio en agosto el escándalo conocido como "mensalao" sobre el pago a los legisladores brasileños.
El escándalo que estalló en 2005 durante el primer mandato de Lula estuvo a punto de provocar la caída de su gobierno; aunque posteriormente logró recuperarse y ganó la reelección en los comicios de 2006. Lula concluyó su segundo período el 31 de diciembre de 2010, después de ocho años en el poder, como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil.
El "mensalao", nombre que alude al supuesto pago mensual a legisladores, provocó la destitución o renuncia de varios diputados y ha sido un dolor de cabeza para el Partido de los Trabajadores de Lula.
Para el analista político David Fleischer, de la Universidad de Brasilia, el partido quiere atrasar el juzgamiento del caso para evitar que afecte a esa fuerza en las elecciones municipales de octubre.
"Lula quiere que ellos (los jueces del máximo tribunal) anulen o atrasen el juicio hasta después de las elecciones de octubre", comentó Fleischer a The Associated Press. El partido "ha presionado indirectamente por eso hace bastante tiempo, pero este es el primer esfuerzo directo por persuadir a un juez", agregó.
La denuncia de Mendes surgió el fin de semana en declaraciones publicadas por la revista Veja, a la que dijo que Lula se reunió con él en Brasilia el 26 de abril en la oficina del ex ministro de Justicia y de Defensa y ex juez del máximo tribunal Nelson Jobim.
Aseguró que a cambio de ayuda para aplazar el juicio, Lula ofreció "blindarlo" de las investigaciones en el Congreso sobre las ramificaciones políticas del empresario Carlos Augusto Ramos, acusado de manejar una red de apuestas ilegales y de sobornar políticos para obtener contratos para una empresa constructora en la cual tenía intereses.
Mendes dijo que Lula insinuó tener información de que el juez realizó un viaje a Alemania con parte de sus gastos pagados por Ramos, actualmente preso tras una operación policial de desarticulación de la red de apuestas ilegales.
Lula, en una declaración escrita, negó con vehemencia las acusaciones y dijo sentirse "indignado" con la versión divulgada por Mendes, aunque admitió haberse encontrado con el magistrado.
Recordó que incluso postuló al entonces fiscal general Antonio Fernando de Souza para continuar en su cargo después de que éste denunció el "mensalao" al máximo tribunal y lo citó como un ejemplo de su respeto por la independencia del poder judicial.
"Yo nombré a ocho magistrados del Supremo y ninguno de ellos puede registrar ninguna presión u orden mía a favor de nadie", aseguró Lula en su comunicado.
De hecho, otros jueces de la corte suprema dijeron haber tenido encuentros con Lula en otros momentos pero negaron haber sido presionados por él.
"Estuve con Lula unas cuatro veces los últimos nueve años, nunca me pidió nada. Lula sabe que yo no haría algo así", declaró el lunes a periodistas el presidente del Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, uno de los nombrados por el ex mandatario.
Partidos de oposición recurrieron el lunes a la Procuradoría General de la República para pedir que abra una investigación sobre la supuesta presión de Lula al juez del máximo tribunal.
"Esa acción posiblemente no dé resultado, pero está claro que el PT (Partido de los Trabajadores) está muy preocupado por las elecciones municipales y que, si el 'mensalao' es juzgado en agosto o septiembre, podría tener un impacto negativo", comentó Fleischer.
El caso del "mensalao" causó revuelo cuando estalló en 2005, provocó la caída de figuras importantes del gobierno de Lula como su entonces jefe de gabinete José Dirceu, uno de los 38 acusados por el caso.
"El caso ocurrió hace siete años, fue bastante tiempo y la memoria de la mayoría de los votantes brasileños no es tan buena para recordar lo que pasó. El juicio podría remover las memorias, especialmente si hay una cobertura pesada en la televisión", anticipó Fleischer.
El máximo tribunal espera iniciar el juicio en agosto, en un proceso que debe ocupar por completo las labores del tribunal durante dos a cuatro semanas, según previsiones de los propios magistrados.
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